Terminábamos nuestra anterior entrada planteando que el modelo de convivencia social basado en los principios de la teoría política liberal había demostrado ser más débil de lo que suponían las posturas optimistas que se consolidaron tras la caída del Muro de Berlín.

El impresionante desarrollo económico experimentado durante las décadas finales del siglo XX permitió mantener oculta toda una serie de conflictos y tensiones sociales internas que, de otra manera, hubieran servido para cuestionar el modelo de convivencia social existente. Situación analizada en profundidad por Jürgen Habermas en una de sus obras tempranas, titulada Problemas de legitimación en el capitalismo tardío (1973).

La realidad era que, gracias a la continua inyección de recursos (en la forma de ayudas, subsidios, etc.), se lograba mantener en pie la ficción de que el pacto social que había dado origen a la sociedad de posguerra seguía funcionando.  Este pacto tenía como elemento central la existencia de un Estado del Bienestar que se encargaba de mantener la desigualdad bajo control y ayudar a aquellas personas que hubieran tenido algún percance, evitando su caída en una condición marginal. De esta manera, se esperaba prevenir la reaparición de las crisis que condujeron al colapso de las sociedades anteriores a las dos guerras mundiales.

El mayor beneficiado de esta estructura no era necesariamente la ciudadanía, sino el sistema político. Que obtenía gran parte de su legitimidad (el reconocimiento por parte de la población) del buen funcionamiento del Estado del Bienestar.

Al disminuir o desaparecer esta sensación de prosperidad, fue imposible mantener acalladas las tensiones sociales y se manifestaron las problemáticas preexistentes. No era de extrañar, por tanto, que la legitimidad de los sistemas políticos y las estructuras institucionales en las que se concretan también haya experimentado dificultades. Dando lugar a una crisis del modelo de organización de las instituciones propio de las sociedades liberales avanzadas, denominado poliarquía.

Poliarquía: definición, evolución y origen

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los principios teóricos del liberalismo clásico (en las vertientes de Locke y Hume) y del republicanismo inspirado en la Revolución francesa (incluida la idea del contrato social de Rousseau y el principio de separación de poderes de Montesquieu) se combinaron con las estructuras de gobierno representativo sobre las que habían teorizado Alexis de Tocqueville (La democracia en América) y John Stuart Mill (Consideraciones sobre el gobierno representativo); para dar lugar a un modelo de organización política basado en la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectaran a la sociedad en su conjunto.

Con la particularidad de que este modelo sería igualmente efectivo para territorios de gran extensión, múltiples diferencias culturales internas y una ciudadanía de gran tamaño.

Aunque se quiso presentar este modelo de organización política, el gobierno representativo moderno, como una evolución de la democracia ateniense clásica, la realidad era que la complejidad y heterogeneidad de las sociedades modernas eran muy superiores a la que hubiera podido alcanzarse en el siglo V a. C., razón por la que denominar a este nuevo modelo político con el nombre “democracia” resultaba algo cuanto menos teóricamente sujeto a discusión.

Pese a esta posible objeción teórica, esta nueva forma de organización y funcionamiento de los sistemas políticos, ha pasado a la historia con el nombre de “democracias liberales”. Derivando el adjetivo liberal del hecho de hacer suyos, como elementos fundamentales, los principios, supuestos y valores de la teoría política liberal, presentados extensamente en nuestra anterior entrada.

Recuperando el término que usa uno de los mayores pensadores políticos del siglo XX, el politólogo Robert A. Dahl, la denominación correcta para estos sistemas es la de poliarquía. De manera más específica, “poliarquías liberales”, debido a su adscripción a los principios de la teoría política liberal.

El concepto de poliarquía se usa para describir un sistema político en el que existe una situación de competencia real entre diferentes partidos políticos. Los cuales se enfrentan de manera regular en un escenario preestablecido,  para dirimir cuál de ellos ejercerá el gobierno y, por tanto, el poder político.

El politólogo Robert A. Dahl es uno de los mayores conocedores de este modelo, al que dedica gran parte de la reflexión que desarrolla en el libro La democracia y sus críticos (1989). Dahl, quien a través de su obra hace una conceptualización de los sistemas poliárquicos modernos como la manifestación práctica y operativa de la filosofía política liberal clásica, se guarda de considerar a estas poliarquías de las décadas 1960-1970 como sistemas verdaderamente democráticos.

Para este autor, las poliarquías eran una fase previa al establecimiento de las democracias plenas, en las que podíamos apreciar las principales características de este sistema político en el aspecto formal: las libertades básicas, separación institucional, multiplicidad de partidos políticos, un sistema de competición electoral definido por reglas y relativamente imparcial.

Pese a todas estas características, las poliarquías no llegaban a considerarse sistemas democráticos plenos debido a que no eran capaces de incorporar un principio de legitimidad propio. Al tener una naturaleza procedimental, requería de factores externos para contar con el apoyo consciente y pleno de la ciudadanía.

Para considerarlas como verdaderas democracias, Dahl consideraba que las poliarquías requerían un principio de legitimidad más sólido que el meramente procedimental (“el hecho de que funcionaran”), el emotivo (“que me guste”), el tradicional (“siempre ha sido así”) o el de la conveniencia (“las cosas van bien de esta manera”).

Aunque podría pensarse que esta era una cuestión menor, en realidad no lo es. Porque al no contar con un principio intrínseco que le otorgue su legitimidad, las poliarquías podrían enfrentar una crisis cuando hubiera problemas con estos elementos que reivindicaba para justificar su legitimidad.

Es decir, si surgían nuevas situaciones en las que los procedimientos no fueran tan efectivos, si la ciudadanía experimentaba cierta desafección emocional hacia las instituciones, un desapego a las tradiciones o sus condiciones de vida empeoraban por alguna razón, la legitimidad de la organización poliárquica podía estar en cuestión.

Es decir, en escenarios con problemas, la ciudadanía podía llegar a cuestionarse por qué era mejor vivir en una poliarquía frente a cualquier otro modelo de organización política. Al no contar con un principio de legitimidad propio, las poliarquías liberales no tendrían ninguna razón para considerarse superiores a otras formas de gobierno, incluido el autoritarismo o la dictadura. Curiosamente, un escenario muy presente en la actualidad.

Antes de continuar, no podemos dejar de señalar lo relevante de esta reflexión que hace Dahl. Justo antes de que las poliarquías liberales experimentaran su momento de mayor favorabilidad, gracias al colapso del campo socialista y al crecimiento económico de principios de los noventa, Dahl lanza una contundente advertencia: pese a todo ese optimismo, tenía una serie de debilidades internas de las que no se ocupaba adecuadamente (era un gigante con pies de barro) y, en el momento en que las condiciones empeoraran, no sería capaz de dar las respuestas adecuadas.

Posteriormente, aunque dedicó gran parte de su impresionante reflexión a buscar ese principio de “legitimidad fuerte”, Dahl no fue capaz de enunciarlo en su obra. De hecho, una de sus últimas publicaciones, titulada ¿Es democrática la Constitución de los Estados Unidos? (2003), muestra que el constitucionalismo norteamericano no es el adalid de las democracias modernas, ni el ejemplo a seguir que habían planteado otros pensadores, sino que en él se pueden encontrar elementos antidemocráticos que invitan a cuestionarse la legitimidad que pueda surgir de él.

En fin, sin un principio de “legitimidad fuerte”, las poliarquías reales optaron por consolidarse alrededor de alguno de los principios de “legitimidad parcial”, enunciados anteriormente, pretendiendo que esta legitimidad política podía esgrimirse con independencia de la realidad social.

Algo que en décadas posteriores demostraron como erróneo y que en el momento actual, cuando se ha concretado esa advertencia implícita en la reflexión de Dahl, resulta claramente absurdo.

Quedan abiertas preguntas como: ¿Es posible superar los límites de las poliarquías liberales y avanzar hacia la construcción de un sistema de gobierno plenamente democrático? ¿Qué características podría tener este nuevo sistema político?, que seguirán apareciendo en las siguientes entradas de esta investigación a medida que profundicemos en los detalles de la crisis política actual.