Los hechos que  provocaron el último cambio de presidente en Perú,  hace algo más de 3 meses, condujeron a la sociedad y al sistema político de ese país a una nueva fase dentro de la inestabilidad que vienen experimentando durante los últimos años. Dando lugar a  enfrentamientos y fuertes protestas causantes de una importante cifra de muertos y un indeterminado número de afectados.

Este post busca ilustrar la manera en que  los planteamientos de la Teoría de Sistemas Sociales ayudan a entender la dinámica y los factores que  condicionan la aparición de este tipo de situaciones y  por qué éstas son tan recurrentes en el caso de Perú, sin pretender hacer un análisis detallado de esta situación; cuya complejidad requiere una investigación más detallada.

Así mismo, este enfoque aporta valiosas reflexiones sobre cómo se consolidan o debilitan los sistemas sociales que pueden ser de utilidad en el estudio de otros contextos institucionales, políticos y sociales.

Sorpresiva explosión de una crisis anunciada

Aunque la inestabilidad política se ha convertido en una de las señas de identidad del sistema político peruano, pocos hubieran sido capaces de anticipar lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022.  Pocas horas que bastaron para generar una gran convulsión política  e institucional.

Probablemente cuando pronunció el discurso en el que anunciaba la «Disolución del Congreso» y la instauración de un «Gobierno de Excepción»  Pedro Castillo  no era consciente de la complejidad del sistema político peruano, que se hizo evidente en horas posteriores generando su caída.

Había transcurrido algo más de un año desde  que Castillo, un maestro de escuela proveniente del Perú rural sin experiencia en política, hubiera accedido a la presidencia del país. Logro significativo para las clases populares peruanas que traía aparejado importantes retos para el nuevo gobierno,  carente de experiencia previa en la gestión pública y de apoyo legislativo.

Debido a su ajustada victoria en la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales muy  crispadas, el gobierno de Castillo tuvo desde el primer momento que hacer frente a multitud de presiones provenientes tanto de sus simpatizantes, que exigían el cumplimiento de promesas que rozaban lo utópico, como de la oposición, dispuesta a bloquear cualquiera de sus propuestas.

Difícil escenario que se complicó aún más con una serie de errores del gobierno,  fruto de su inexperiencia en temas de gestión, que en varios momentos provocaron profundas remodelaciones ministeriales.

Factores que, sumados a los problemas habituales de cualquier país, fueron poniendo a Pedro Castillo contra las cuerdas hasta que  ese fatídico 7 de diciembre optó por su suicidio político intentando disolver el congreso. Acción denunciada como «Golpe de Estado» desde diversas direcciones del espectro político, incluidos varios de sus ministros, para la que evidentemente no contaba con apoyo social, institucional o militar.

Crisis e inestabilidad  en la política peruana. Mucho más que una coyuntura

Aunque en este momento todas las miradas están puestas en los acontecimientos de los últimos meses, la realidad es que la crisis e inestabilidad que vive el sistema político peruano es anterior a la presidencia de Pedro Castillo. De hecho, asumió el cargo con un inquietante antecedente que siempre pendió  sobre él de forma amenazante:

En los cuatro (4) años anteriores Perú había tenido seis (6) presidentes distintos.

Revelador dato que sugiere la existencia, dentro del sistema político peruano, de dinámicas y procesos que hacen difícil a los  presidentes alcanzar el final de su mandato constitucional. Fenómeno que afecta por igual a presidentes de diferentes ideologías, partidos políticos o estilos de gobierno.

Partiendo de este hecho es naturall plantear como hipótesis  que  esta crisis no sea algo coyuntural o puntual sino que tiene carácter estructural; pues su recurrencia parece sugerir que esté directamente vinculada con la estructura o la forma de funcionamiento del sistema político.

En este punto el análisis sistémico, inspirado en la teoría de  Niklas Luhmann, nos invita a  poner el foco de atención en un factor muy concreto que, pese a ser ampliamente conocido, todavía no ha generado la reflexión que merece su posible relevancia en el caso que estamos estudiando:

El problema de un diseño institucional basado en el Conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo

Difícil equilibrio en los Sistemas Políticos Modernos

Para entender  este problema es necesario  remontarse a los orígenes históricos y teóricos de los sistemas políticos modernos. En concreto, conviene revisar alguno de los aportes más importante en el ámbito institucional y político realizados por la  Ilustración.

Donde destacan propuestas como el concepto de legitimidad  política emanada de un acuerdo racional manifestado por los miembros de la comunidad, la definición moderna del concepto «ciudadanía» o dividir las capacidades del Estado en tres poderes diferentes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Esta última idea, la separación de poderes, ha pasado a la posteridad como una de las señas de identidad de los sistemas políticos modernos y aparece expuesta de forma sistemática en  el libro «El Espíritu de las Leyes», escrito por el filósofo y jurista francés el siglo XVIII Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu.

Montesquieu, fiel al espíritu de su época, reflexionó sobre la mejor manera para evitar que los sistemas políticos fueran controlados de forma arbitraria por la voluntad del gobernante, previniendo la aparición de un poder hegemónico como el que habían ejercido los reyes en siglos anteriores.

Inspirándose en varias ideas que se estaban formulando en aquel momento, Montesquieu planteó que la mejor manera para alcanzar este objetivo consistía en dividir del poder que ostentaban los gobernantes del pasado en una serie de tres instituciones diferentes e independientes, de manera que todo el poder del sistema político no estuviera concentrado en un solo punto o en una única persona.

Montesquieu  formuló esta división, del poder del soberano, a partir de su relación con las leyes. Estableciendo que una parte del poder del soberano va  encaminada a crear leyes (Legislar), otra parte de este poder va encaminada a hacer cumplir esas leyes (Ejecutar) y la tercera a evaluar si se ha hecho un uso adecuado de esas leyes ( Juzgar).

Dando lugar a la división tripartita del Estado  que conocemos actualmente: un poder ejecutivo, representado por un Presidente o un Primer Ministro, un poder legislativo, representado por el Parlamento,  y un poder judicial, representado por jueces y tribunales. La interacción entre estos tres poderes, y su trabajo  coordinado, es lo que da lugar al Estado en su concepción moderna.

En la práctica cada uno de estos tres poderes públicos debía controlar que ninguno de los otros poderes se extralimitara en sus competencias, así fuera solamente defendiendo la no incursión en su área de competencia exclusiva, provocando choques y fricciones entre ellos. Pese a esto, cada uno estaba obligado a colaborar con los otros dos para conseguir un buen funcionamiento del Estado.

Portada de «El Principe» de Maquiavelo

Ahora bien, ¿Cómo podían colaborar a pesar de los choques y fricciones? 

Montesquieu  partía de la existencia de un cierto tipo de lógica superior o racionalidad que debería promover,  al final, la cooperación entre los agentes políticos superando cualquier diferencia concreta que apareciera en el marco de la interacción. Una especie de Razón Política compartida compartida por los diferentes agentes políticos.

Sin entrar a profundizar  en esta idea, origen de una serie de debates muy importantes en el campo de la teoría política, consideramos necesario rescatar  su  principal planteamiento:  que era la cooperación, y no la contraposición entre los poderes públicos, la base para que funcione el principio de la Separación de Poderes.

Los choques y fricciones son  efectos colaterales, que surgen de manera natural,  al  dividir entres tres agentes competencias que en el pasado habían estado centralizadas en un solo punto.

Separación de Poderes versus Confrontación de poderes

Desde hace varias décadas se ha querido identificar, de una manera errónea, el principio de la separación de poderes con  la idea de una confrontación de poderes, y se  ha presupuesto a partir de ello que mientras un poder público sea capaz de confrontarse con los otros el sistema político funciona adecuadamente.

En este punto no se quiere negar la importancia que puede tener esta capacidad para evitar problemas en el funcionamiento del Estado, simplemente se plantea que puede resultar contraproducente creer que es la  base para el  buen funcionamiento del sistema político al completo.

En realidad la confrontación entre poderes públicos es un indicador de que algo no está funcionando bien y señala la existencia de un problema. Es una alerta que debería provocar la movilización del sistema para solucionar las causas de dicha problemática. Pero por sí misma no nos dice mucho más acerca del buen funcionamiento del sistema o aporta elementos para solucionar esa problemática.

La confrontación sería el equivalente al sonido que produce una alarma de incendios al detectar la presencia de humo. Nadie niega su importancia e utilidad pero no basta para apagar el fuego, para ello sería necesario disponer de otros medios complementarios. Del mismo modo,  si tal alarma no promueve una respuesta que intente solucionar problema es difícil sostener que el sistema funciona adecuadamente.

Es en este sentido que debemos interpretar a Luhmann cuando sostiene que el Conflicto (la negación de una comunicación que existe previamente dentro del sistema social)  es un elemento capaz de contribuir a la creación de orden social; pero puntualiza a continuación que si no se lo mantiene bajo control es capaz de acabar  con dicho orden social y conducirnos al caos. Algo sobre lo que se ha reflexionado en una entrada anterior.

Una idea presente en los diseños constitucionales e institucionales de los sistemas democráticos avanzados; en los que se incorporan los llamados principios de balances, pesos y contrapesos que permiten limitar las aspiraciones de un agente específico o de un poder público  (algo de lo que también hemos hablando previamente). Pero entendidos siempre como recursos excepcionales para situaciones verdaderamente complicadas, que no deberían ser usados  normalmente.

Razón por la que se establecen procedimientos especialmente agravados y diversas salva guardas para desincentivar el uso de  este tipo de  recursos.

Perú y el drama de la confrontation política.

En el caso de Perú, una de las causas de su crisis actual la podemos encontrar en el hecho que su Constitución Política  hace  atractivo  recurrir al enfrentamiento entre  el poder Ejecutivo y el Legislativo para alcanzar réditos políticos; al dotar a cada uno de ellos de una herramienta que le permite anular al otro de una manera bastante expedita,  que resulta relativamente fácil de poner en marcha y que en, caso de fracasar, no  es contraproducente.

De un lado, el Presidente tiene la potestad de disolver el Congreso, de forma legal, y convocar elecciones parlamentarias anticipadas en el supuesto de perder dos «Cuestiones de Confianza» seguidas. Condición y supuestos que el Ejecutivo puede interpretar de manera  muy flexible, como demostró  en 2019 Martin Vizcarra disolviendo el congreso  al interpretar  que  dicha institución había negado de «forma fáctica» la confianza a su gobierno; partiendo de una interpretación propio del significado implícito en las decisiones del Legislativo.

De otro lado, el  Congreso puede destituir al Presidente declarando su «vacancia por incapacidad moral».Proceso que puede ponerse en marcha a  solicitud del 20 % de los legisladores (26 congresistas), ser admitido a trámite si alcanza el apoyo del 40 % de lo congresistas que estuviesen presentes el día de dicha votación(52 legisladores si hubiera quórum completo)  y ser aprobada si alcanza el apoyo de 2/3 de los congresistas (87 votos).

Aquí lo problemático no reside tanto en el número de apoyos que es necesario reunir para llevar a cabo este proceso, como que el concepto de «incapacidad moral» es ambiguo y puede ser interpretado  de manera arbitraria. Pues es tan abierto que puede hacer referencia desde fallos administrativos en el desarrollo de algún trámite oficial hasta actos de corrupción política, pasando por escándalos personales sin relación con la función pública.

En el caso específico del Perú, donde el escenario político está muy crispado, estos mecanismos han promovido el enfrentamiento entre Congreso y Presiente. Pues al aplicar calculo estratégico  coste/beneficio puede resultar más atractivo provocar el cierre del Congreso o destituir a un Presidente  que intentar un acuerdo entre ambas partes, lo que implicaría seguramente una compleja negociación donde habría cesiones por ambas partes.

Al normalizarse el uso, y el abuso, de esas «bombas institucionales» en el funcionamiento político peruano las relaciones entre amos poderes públicos  tienden con mayor facilidad a la confrontación que a la búsqueda de acuerdos. Por tanto, el Conflicto pasa a ser la principal forma de comunicación política del país.

Aquí es donde adquiere todo el sentido la advertencia planteada por Niklas Luhmann. Quien sostiene que más allá de indicar la existencia de un problema (técnicamente llamada «función de alarma») la presencia del Conflicto es una seria amenaza para el orden social; pues es un tipo de comunicación muy expansiva y que tiene la capacidad  anular los otros tipos de comunicación.

Según esta teoría, una vez  se ha desatado el Conflicto comienza un proceso irreversible en el que las otras comunicaciones cambian para convertirse en comunicaciones de tipo conflictual ( negaciones de otras comunicaciones existentes), el cual se retroalimenta constantemente  aumentando el grado de conflictividad y conduciendo, finalmente, a que se desate la violencia. Escenario que debe conducir a un colapso del Sistema Social.

¿Es esta la situación en la que se encuentra actualmente el sistema político peruano? Resulta aventurado pronunciarse sobre este punto pero es innegable que en algunos momentos, especialmente en lo más álgido de las protestas del pasado Febrero, parecía asomar este inquietante panorama.

La insistencia en el llamado a un cambio radical en los poderes públicos,  reivindicada en la petición de elecciones presidenciales y parlamentarias   bajo el lema “que se vayan todos”,  y la fuerza que está ganando la propuesta para redactar una nueva Constitución son claros indicadores de que  esta crisis ya no es percibida simplemente como  un problema de representación o funcionamiento de las instituciones.

Aunque la violencia de los enfrentamientos ha ido disminuyendo en las últimas semanas y la situación parece haber entrado en una fase de calma, la conflictualidad sigue estando presente y solo  hace falta un detonante, cualquier detonante, para que volvamos a presenciar  nuevos episodios de violencia desatada.

La crisis peruana está lejos de haber acabado, por lo que sigue siendo necesario seguir observando su evolución prestando especial atención a dos factores: su alto grado de inestabilidad y su elevado nivel de incertidumbre.

Conflicto en los Sistemas Democráticos Complejos. Un reto a la vista.

Los dramáticos acontecimientos de los últimos meses en Perú, como todas las crisis,  aportan una serie de lecciones y reflexiones que  pueden llegar a ser de utilidad para los sistemas políticos.

En concreto,   para los sistemas democráticos avanzados es importante replantear su posición  y relación con el Conflicto. Si bien éste es un fenómeno  connatural a la convivencia colectiva,   imposible de erradicar, es necesario entender sus causas  concretas y  saber qué advertencia está lanzando al sistema político.

Igualmente, conviene estudiar en profundidad la naturaleza del Conflicto. Para aprender a diferenciarlo de las fricciones que surgen de forma natural en una interacción entre personas o instituciones. sin esta diferenciación se corre el riesgo de no identificar la presencia de un Conflicto entro del sistema social y no darle respuesta en el momento adecuado.

Por supuesto, esta reflexión debe estar acompañada de la elaboración de una tipología de conflictos y sus causas (económicas, ideológicas, sociales, personales, políticas, etc.), con el fin de comprender la complejidad social en la que surgen y avanzar en el planteamiento de las respuestas adecuadas al caso concreto.

Finalmente,  estas reflexiones son un claro llamado a reforzar la dimensión teórica (reflexiva) de los sistemas democráticos; que desde hace varias décadas ha sido opacada por su dimensión formal o instrumental.  Deriva  que está conduciendo a una profunda crisis de los sistemas democráticos.